Las Mujeres Indígenas son criminalizadas por defender la tierra de sus comunidades frente al despojo y explotación por parte de Estados y empresas. La Recomendación General de la CEDAW prevé un marco legal que proteja a las Mujeres Indígenas y garantice sus derechos a la tierra.

Desde pequeña, Joan Carling, lideresa indígena de Filipinas, entendió que la relación de los Pueblos Indígenas con la tierra es especial. Joan creció en una comunidad mixta con familias indígenas y no indígenas, por lo que pudo ver las diferencias entre su comunidad y el resto de la sociedad filipina. Para los Kankanaey, la comunidad indígena de la zona norte de la Cordillera de Filipinas a la que pertenece, la tierra es colectiva y heredada por hombres y mujeres por igual. Los bosques están sujetos a normas colectivas y la gente se ayuda en tiempos de crisis. La tierra no es un mero recurso natural o una mercancía, sino que es la base de la cultura, la identidad, el bienestar y la cohesión de la comunidad, un concepto que une a los Pueblos Indígenas desde América hasta Asia.

Para Carling, cuando era una niña, el bosque de pinos fue su espacio de juego. “Durante mi infancia, nos colgábamos de los árboles, recogíamos piñas para recolectar los piñones para el vivero comunitario de pinos, y en los días de lluvia íbamos a buscar hongos”, explica con la voz de alguien que recuerda tiempos felices. Pero pronto comprendió que si no luchaba y defendía la tierra, se la iban a quitar a sus guardianes tradicionales, pues su comunidad vivía en una región rica en oro. La misma compañía que explotaba el bosque donde creció había expropiado una zona de tierra colectiva para extraer oro y cobre. La tierra había quedado totalmente destrozada: las aguas subterráneas y los ríos estaban contaminados, y la tierra revuelta por la minería se desplomaba a sus pies. 

Durante los años de universidad, Carling pasó dos meses de verano con los pueblos tribales Kalinga, quienes lograron defender sus tierras contra la construcción de cuatro represas hidroeléctricas que iban a desbaratar sus formas de vida. Aunque la resistencia vino acompañada de sangre y encarcelamientos, el Pueblo Kalinga consiguió parar la presa. Esto marcó un antes y un después en la defensa de la tierra de los Pueblos Indígenas en Filipinas, pues demostró que la lucha, en conjunto y con determinación, da resultados. 

Desde entonces, Carling lleva más de 20 años defendiendo los Derechos Humanos y los Derechos de los Pueblos Indígenas, no sólo en las Filipinas sino que en todo Asia también y a nivel internacional. En 2018, recibió el premio Campeones de la Tierra, el galardón más importante de las Naciones Unidas en medioambiente. Para una defensa efectiva de la tierra, Carling aconseja una buena organización comunitaria, la inclusión de liderazgos femeninos, crear alianzas con diversidad de actores (comunidades, académicos, gobiernos locales) y no dejar que las empresas pongan un pie en la tierra de los Pueblos Indígenas. “Una vez que entran, es mucho más difícil sacarlos”, avisa.

La lucha del Pueblo Amazigh por la tierra colectiva en Marruecos

En Marruecos, Amina Amharech, activista indígena Amazigh, se enfrenta al último embate del gobierno marroquí contra la noción de tierra colectiva del Pueblo Amazigh así como a la falta de respeto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. En 2019, se aprobaron tres leyes que destruyen el carácter inalienable que protegía la tierra colectiva en Marruecos, a través del cual esta no se podía vender, transferir o alquilar. Solo el Estado podía adquirir la tierra en caso probado de que contribuyera al bienestar comunitario. Los Amazigh, también conocidos como Bereber, son un Pueblo Indígena que habita el Norte de África, desde Siwa en Egipto hasta las islas Canarias, con su propia lengua, cultura e identidad. 

Para Amina, detrás de estas leyes hay una clara intención del Estado de usurpar la tierra colectiva que aún es mayoritaria en el país. “Los franceses eliminaron el derecho consuetudinario de los Amazigh sobre la tierra, el Izarfan, que garantizaba un acceso equitativo para todo el mundo a la tierra y los recursos naturales. Pero los colonos no pudieron acabar del todo con la relación de los Amazigh con la tierra. Conservamos las formas de gobernanza comunitaria, procesos de decisión en los que la mujer es incluida y métodos de soberanía alimentaria”, explica Amina. El Estado marroquí, al eliminar las leyes del protectorado francés de 1919, ha dado incluso un paso más en la desposesión de la tierra de los Pueblos Indígenas, situación empeorada por los efectos de los cambios climáticos que impide la realización de los ODS. 

La base cultural del Pueblo Amazigh: mujeres, lengua y territorio 

Amina relaciona las nuevas leyes sobre la tierra colectiva con un proyecto de arabización integrista que quiere menoscabar la posición de liderazgo de las Mujeres Amazigh dentro de sus comunidades. “Durante mi infancia, las mujeres han estado muy presentes. Yo vi cómo podían dar su opinión y participar en debates sin ser discriminadas. Ellas son el centro de la familia y la comunidad; son las que cuidan de los hijos y del hogar, pero también quienes preservan la tierra y el conocimiento ancestral”, comenta Amina. La palabra Tamazigh designa a la vez lengua, territorio y mujer; un término muy simbólico en la cosmovisión Amazigh,  que hace referencia a la estructura matrilineal de este pueblo. Sin embargo, en los años 80, el ascenso del Islam radical ha impactado negativamente en las libertades y posición social de las mujeres en Marruecos. 

Este carácter patriarcal se ve en la reacción que han provocado las nuevas leyes sobre la tierra. Al renombrar la tierra colectiva como soulaliyates (el nombre femenino de descendiente), el Estado marroquí ha enemistado a los hombres con las mujeres, pues estos piensan que serán ellas quienes van a heredar la tierra. La realidad, sin embargo, es todo lo contrario. “Estas son las consecuencias de un simple cambio de nombre y muestran la débil posición de las mujeres sobre la tierra”, recalca Amina. La realidad es que quienes podrán aprovecharse de estas tierras serán aquellos inversores privados y oligarcas favorecidos por las nuevas leyes.

Criminalizadas por defender la tierra

Tanto Joan Carling como Amina Amharech se han enfrentado a grandes riesgos por defender la tierra de sus Pueblos Indígenas contra la expropiación del Estado o de empresas extractivas. Durante los años en que Carling trabajó para la Cordillera People’s Alliance, fue calificada como terrorista junto con otros activistas. En ese tiempo, recibió numerosas amenazas y cuatro compañeros fueron asesinados. La presión sobre su vida y la de su familia era tan alta que en 2006 decidió tomarse un descanso y salir de la zona de riesgo a través del Programa de Becas del Instituto Oak por los Derechos Humanos. 

Amina Amharech, por su parte, se ha enfrentado personalmente a la corrupción del Estado y el sistema judicial marroquí cuando le expropiaron la tierra a su familia por ser Amazigh. Cuando quiso llevar el caso a la justicia, se tuvo que enfrentar con otra corrupción, la del poder judicial, con la Amicale Hassania des juges du Maroc que buscaba tomar control de estas tierras partes del título de propiedad 1683K. Hoy, en Marruecos, existe una mafia territorial que se quiere adueñar de las tierras Amazigh, que sean colectivas o privadas. No hay ley ni justicia para proteger los derechos Amazigh a sus tierras, territorios y recursos naturales, y resulta prácticamente imposible encontrar abogados especializados que no tengan miedo de liderar estos juicios.

Cada vez que el Pueblo Amazigh se manifiesta, los líderes son detenidos y encarcelados. “No hay nada que nos proteja. Por eso busqué la alternativa en las instancias internacionales”, dice Amina. Amharech participó en el programa de becas de las Naciones Unidas para Representantes Indígenas y desde entonces ha sido pionera en llevar la lucha del Pueblo Amazigh a las Naciones Unidas. 

Un nuevo marco legal para la defensa de la tierra para las Mujeres Indígenas

Amina ve en la Recomendación General de la CEDAW sobre Mujeres y Niñas Indígenas la posibilidad de proteger los derechos de su pueblo y en especial de las mujeres frente a un Estado que los vulnera deliberadamente. Sin embargo, recalca que para que llegue a las comunidades hay que hacer un trabajo previo de difusión y sensibilización. “Hay que enseñar a las mujeres cómo usar estos mecanismos”, afirma. 

Para Joan Carling, directora ejecutiva actual de Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI), el peligro es que la recomendación quede en papel mojado. Para evitarlo, habría que instaurar un proceso de rendición de cuentas y que los Estados apliquen sanciones a aquellos que vulneran los Derechos Humanos. En cualquier caso, la Recomendación General de la CEDAW es un hito en la historia por los derechos de las Mujeres y Niñas Indígenas sobre la tierra. El siguiente reto será su implementación.