Aunque el derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas está reconocido por la ONU, los Estados lo vulneran sistemáticamente. La Recomendación General de la CEDAW para Mujeres y Niñas Indígenas puede convertirse en el instrumento vinculante que obligue a los Estados a respetarlo.
Aida Quilcué —lideresa indígena del Pueblo Nasa y senadora de la República de Colombia— se despertó la mañana del 15 de marzo de 2022 con el pecho afligido por una mala noticia. Habían asesinado a su compañero de lucha Miller Correa, consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, organización política y social que reúne a las comunidades indígenas de esta región ubicada al sur de Colombia. “Nos vienen matando y nos están matando. Es parte del despojo milenario, exclusión y exterminio cultural que sufrimos como Pueblos Indígenas. De ahí la necesidad de defendernos y construir procesos de autogobierno que hoy nos mantienen en el marco de la supervivencia”, comenta Quilcué con el tono y la mirada serena de alguien que lleva dentro el sufrimiento de todo un pueblo.
En la otra punta del Pacífico, en Guam —la isla más grande de Micronesia—, Terilynn Francisco representa la memoria viva de sus abuelos y abuelas Chamorro. Ellos sobrevivieron a la ocupación española, a la II Guerra Mundial, a los campos de concentración japoneses y a la reconquista por parte de los estadounidenses, que siguen controlando la isla. “Tenemos un trauma intergeneracional, porque nuestras comunidades han estado expuestas a mucha violencia y nuestra tierra ha visto demasiadas guerras. Necesitamos recuperar nuestra identidad cultural y nuestras prácticas tradicionales para entender quiénes somos y quiénes queremos ser”, enfatiza Terilynne Francisco, con la voz dulce y contundente de un espíritu joven que anhela cambio.
Los Pueblos Indígenas tienen el derecho a la libre determinación de los pueblos, en virtud del cual pueden elegir con autonomía su condición política como colectivo, su identidad cultural, y sus formas de desarrollo económico y social mediante instituciones propias. Sin embargo, muchísimas veces los Estados vulneran este derecho reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estas vulneraciones van desde prohibir que se le ponga a una niña un nombre indígena, impedir el desarrollo de sistemas de salud o educación interculturales, usurpar las tierras indígenas reconocidas por ley o incumplir con el derecho al consentimiento libre, previo e informado.
Con la intención de acabar con estas violaciones a los derechos de los Pueblos Indígenas y participar activamente en el desarrollo político y social de sus comunidades, las Mujeres Indígenas de todo el mundo están contribuyendo a la elaboración de una Recomendación General de la CEDAW específica para Mujeres y Niñas Indígenas, que se podrá usar como instrumento vinculante para que los Estados respeten el derecho a la libre determinación, entre otros.
Guam: un pueblo despojado de poder e identidad colectiva
“Fuimos uno de los primeros Pueblos Indígenas en ser colonizados y uno de los pocos que sigue ocupado. Durante siglos nos hemos visto atrapados en las dinámicas de poder de las potencias coloniales”, explica Terilynn Francisco, miembro y fundadora de la asociación de mujeres Chamorro Hagan Famalåo’an Guåhan. La isla de Guam sigue bajo el control de los Estados Unidos como territorio no incorporado desde 1950. Guam es también uno de los 17 territorios no autónomos supervisado por el Comité Especial de Descolonización de la ONU. Sus habitantes —aunque están considerados ciudadanos estadounidenses— no pueden ni votar en las elecciones federales, ni acceder a seguridad social estatal, ni decidir su futuro como pueblo. “Somos ciudadanos de segunda”, concluye Teri.
Estados Unidos mantiene la ocupación de la isla principalmente por su posición militar estratégica en el Pacífico y el Sudeste Asiático. Un tercio de las tierras ancestrales del pueblo Chamorro ha sido ocupado por bases militares, violando el consentimiento previo y sin que las familias recibieran compensación alguna. Mientras, la presencia militar estadounidense sigue aumentando. “Nuestra tierra y nuestro pueblo están pagando un precio muy alto”, reconoce Teri, quien también es trabajadora social y profesional de salud mental en las Islas Marianas.
Teri relaciona esta violencia estructural con las altas tasas de violencia de género, suicidios y abuso de sustancias en las comunidades del pueblo Chamorro. “La colonización acabó con nuestras prácticas de sanación y formas de relacionarnos. Somos un pueblo despojado de poder e identidad colectiva”, comenta con tristeza.
En 2011, la población Chamorro de Guam quiso realizar un referéndum no vinculante para explorar su futuro político como pueblo. Sin embargo, después de un proceso legal que ha durado diez años, el referéndum fue denegado por un juzgado local de Guam y por la Corte Suprema de EE. UU., con la excusa de que sería discriminatorio con la población no indígena que no podría votar. “No nos podemos ni permitir tener un diálogo con nosotros mismos”, protesta Teri.
Después de esta debacle contra el pueblo Chamorro, Teri y sus compañeras se han propuesto restaurar la identidad colectiva y recuperar las formas de sanación tradicionales del pueblo Chamorro. “Las Mujeres Indígenas somos las cuidadoras de nuestras familias y tenemos que tomar el liderazgo para volver a empoderarnos como pueblo”, afirma. Teri cree que aunque EE. UU. no ha ratificado la CEDAW y, por tanto, la Recomendación General para Mujeres y Niñas Indígenas no sería vinculante, esta puede servir para tejer alianzas y aumentar la presión internacional para que EE. UU. reconozca el derecho a la libre determinación del Pueblo Chamorro de Guam.
Colombia: un Estado que reconoce pero no respeta
“En Colombia, la norma nunca ha sido respetada. Primero nos ha tocado conquistar nuestros derechos, porque los derechos no son regalados sino luchados y exigidos. Y ahora para que se cumplan, tenemos que seguir movilizándonos, pues la guerra persiste”, explica la senadora colombiana Aida Quilcué.
Aunque la Constitución Política colombiana de 1991 reconoce el derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas, el Estado colombiano ha vulnerado sistemáticamente este derecho, incluso en un contexto de postconflicto. Después de 50 años de guerra civil y de la firma de los Acuerdos de Paz en 2016, el departamento del Cauca, la segunda región con más población indígena, aún no ha visto la paz. Como paso estratégico de la droga y zona de recursos naturales, esta región sigue padeciendo altos niveles de violencia, especialmente contra las comunidades indígenas que protegen el territorio.
Según el informe de Indepaz, en 2021, 171 líderes/as fueron exterminados/as en Colombia, de los cuales 55 eran indígenas y 31 fueron asesinados en el Cauca. Esta tendencia se ha mantenido en alza desde 2017, un año después de los acuerdos. En 2020, por segundo año consecutivo, Colombia fue el país más peligroso para defender los Derechos Humanos.
En este contexto, la única solución efectiva para Quilcué es reconfigurar el sistema desde dentro. Aunque reconoce que la Recomendación General de la CEDAW puede empujar al Estado colombiano a respetar estos derechos, “toca cambiar el gobierno para cambiar las formas”, concluye. “Y esto es precisamente lo que estamos haciendo”, aclara.
Quilcué ha conseguido llegar a senadora después de un proceso tejido durante años, pero que en abril de 2021 culminó con un estallido social y un paro nacional sin precedentes por “el derecho a la vida”. La movilización pasó de las calles a las urnas gracias a una alianza entre los Pueblos Indígenas y otras comunidades que han sido históricamente excluidas. “Por eso nos están matando, porque luchamos para que el país despierte y avance”, concluye Aida Quilcué.
